La justicia permite alejar las apuestas de los colegios

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha tomado una decisión muy importante. Los jueces han rechazado cinco recursos que pedían eliminar las nuevas normas sobre el juego. Estas quejas venían de empresas y asociaciones que no estaban de acuerdo con las restricciones. Con esta sentencia, el tribunal confirma que la Generalitat tiene el poder legal para regular estos negocios.

La resolución se apoya en lo que dice la Unión Europea. Europa permite que las regiones pongan límites al juego si es para proteger a la gente. En este caso, los magistrados creen que las normas valencianas son justas. Consideran que el Gobierno regional ha hecho bien su trabajo al redactar este decreto. Por tanto, las reglas actuales siguen vigentes y son totalmente legales en todo el territorio.

Los locales de juego estarán a 850 metros de las aulas

La medida más destacada es la distancia de seguridad. Los salones de juego no podrán estar a menos de 850 metros de un colegio o instituto. Esta norma busca que los menores de edad no vean las apuestas como algo cotidiano. Es una forma de prevenir la adicción al juego desde edades muy tempranas. Los jueces afirman que esta distancia está bien justificada y que busca el bien común.

Además de la distancia, el tribunal avala otros controles necesarios. Estos incluyen cómo se dan las licencias y cómo se vigila lo que ocurre dentro de los locales. También se regulan las máquinas que vemos habitualmente en los bares y la publicidad que hay en las fachadas. Todo esto tiene un objetivo claro: que el juego sea una actividad muy controlada y alejada de los ojos de los más jóvenes.

El sector aún puede acudir al Tribunal Supremo

A pesar de este éxito judicial para la Generalitat, el proceso no ha terminado del todo. Las empresas del sector del juego pedían anular varios artículos importantes. No querían que se limitara la renovación de sus permisos ni la publicidad exterior. Aunque el tribunal valenciano ha dicho que no a todas sus peticiones, estas entidades aún tienen una última carta que jugar.

Las sentencias publicadas todavía no son definitivas. Esto significa que los afectados pueden presentar un recurso de casación. Este recurso se lleva ante el Tribunal Supremo en Madrid. Allí, otros jueces revisarán el caso por última vez. Por ahora, la Comunitat Valenciana mantiene una de las leyes más estrictas de toda España para proteger a las familias y a los estudiantes.